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La Ley para Acabar con el Arbitraje Forzoso en casos de Agresión y Acoso Sexuales de 2021 es un paso importante para garantizar que las sobrevivientes de acoso y agresión sexuales puedan tener su día en los tribunales, sin verse obligadas a someterse a procedimientos de arbitraje secretos. El amplio apoyo bipartidista de la ley en el Senado, así como los comentarios del Presidente Biden, ponen de relieve la naturaleza crítica de esta cuestión y el reconocimiento generalizado de la necesidad de un cambio.
Antes de la Ley, los empresarios solían utilizar los acuerdos de arbitraje como herramienta para evitar el escrutinio público y las posibles responsabilidades legales derivadas de las demandas por acoso y agresión sexual. La Ley Federal de Arbitraje (FAA) había constituido durante mucho tiempo la columna vertebral de la aplicabilidad de estos acuerdos, favoreciendo el arbitraje e incluso sustituyendo a las leyes estatales que pretendían limitarlo.
La aprobación de la Ley cambia significativamente el panorama. No sólo permite a quienes alegan acoso o agresión sexual elegir si se aplica un acuerdo de arbitraje previo a la disputa, sino que también faculta a los tribunales para tomar la decisión sobre la aplicabilidad. Esto devuelve el equilibrio de poder a los supervivientes y lo aleja de los empresarios, que antes podían haber utilizado los acuerdos de arbitraje en su beneficio.
Sin embargo, la Ley no está exenta de complejidades y limitaciones potenciales. En particular, sólo se aplica a las reclamaciones que surjan después de su fecha de promulgación. Esto significa que los incidentes ocurridos antes del 3 de marzo de 2022, pero denunciados después, aún podrían ser objeto de arbitraje forzoso con arreglo a las directrices anteriores. Tales distinciones plantean cuestiones de equidad y subrayan la necesidad de que los supervivientes y sus defensores sean muy conscientes de los parámetros de la Ley.
La interpretación de «reclamaciones conexas» conforme a la Ley también plantea problemas. La distinción entre una demanda que alega directamente acoso sexual y otra que está tangencialmente relacionada pero que surge del mismo conjunto de hechos no está claramente definida. El caso Johnson contra Everyman proporciona alguna orientación, sugiriendo una aplicación más amplia de la Ley para abarcar casos enteros si contienen alegaciones de acoso sexual. Sin embargo, serán necesarios más casos y más interpretaciones judiciales para solidificar este entendimiento.
En conclusión, aunque la Ley para Acabar con el Arbitraje Forzoso en casos de Agresión y Acoso Sexuales de 2021 supone un cambio fundamental hacia una mayor transparencia y justicia para las sobrevivientes, aún están por ver todas sus implicaciones y posibles limitaciones. Será crucial que los profesionales del derecho, los defensores y los supervivientes se mantengan informados a medida que la ley siga evolucionando en la práctica.
